EL DISCURSO DEL REY

04/12/2011 de JOEL HERAKLION

Hace poco se han cumplido 36 años, exactamente el 22 de noviembre del 2011.

Fotograma del rodaje de "El discurso del Rey"

Ahora que se ha puesto de moda un injustificable recobro de la memoria histórica o un enfermizo tic de desenterrar a los muertos, a mí me ha dado por recuperar una “memoria histórica viva”. Ya me lo habían dicho, o lo había leído: en el cerebro humano los recuerdos se almacenan como las hojas de una cebolla, los más recientes se hallan en la superficie y los más lejanos en el propio corazón del liliáceo bulbo.

Los menores de 45 años pueden no recordarlo, muchos de ellos no habían nacido y otros eran lo suficientemente jóvenes en 1975 para haberlo podido escuchar con suficiente comprensión. Pero yo sí, yo estuve allí, bueno aquí porque lo escuché en televisión, en la uno, no había otra; y lo escuché muy atentamente con la ilusión y esperanza de la apertura de una nueva “frontera”, al estilo Kennedy.

Comenzaba así: “En esta hora, cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la Corona del Reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el Trono.”

Vaya por delante antes de profundizar en ello que a mí, con mi modo transversal de entender el mundo y la vida, me resulta indiferente la concepción monárquica del Estado español o la nostalgia republicana que algunos exudan. Mantener a una familia real o a un séquito presidencial republicano tanto se me da. Ni siquiera el carácter hereditario de uno o elegible del otro me conmueven, entre otras cosas porque nada me garantiza que el resultado de una elección nos proporcione un ¿dirigente? No, tan solo un símbolo de ¿unidad? Es ciertamente dudoso.

El “dolor por los acontecimientos” recientemente vividos no era sino la muerte del dictador. Seguía así: “Como Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la Corona que brota de lo más profundo de mi corazón.” Por si alguien lo desconoce – los más jóvenes que no hayan tenido oportunidad de estudiarlo – las Leyes Fundamentales del Reino eran el conjunto de normas para-constitucionales dictadas por Franco y sancionadas por las Cortes de una eufemísticamente denominada “democracia orgánica”.

En un momento determinado, el Rey elevó el tono, marcó un enfático

Juan Carlos I de España

acento y dijo: “¡Que nadie espere una ventaja o un privilegio!” y todos nos llenamos de gozo al escuchar tan esperanzador mensaje.

Claro, si comienzo a deshojar las fistulosas hojas de mi bulbo raquídeo no puedo por menos que encontrarme con este acontecimiento que aparece en su superficie antes de desenterrar a los muertos y revivir una guerra civil que solo los mayores de ochenta años pueden recordar. Y ¿con qué nos encontramos treinta y seis años después? Con que de eliminación de ventajas o privilegios, nada de nada. El término privilegio, que como todos saben bien deriva del latín “privilegium”, ley privada, consiste en la exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia.

Ni cortos ni perezosos los políticos del momento – de aquél momento 36 años ha – se afanan en construir una democracia ahíta de privilegios y prebendas para la clase política. El gobierno se reserva la potestad de nombrar al Fiscal General del Estado, las Cortes la de nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Y con toda desfachatez, ante unos jóvenes españoles ávidos de libertades y democracia, se inventan el “privilegio” del aforamiento. Según el Diccionario de la RAE, una de las acepciones del sustantivo fuero es la competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo: Fuero parlamentario.

Es necesario analizarlo con detenimiento. Si es el poder institucional, en sus diversas manifestaciones, el que tiene la potestad de decidir sobre el Ministerio Fiscal y sobre las altas jerarquías jurisdiccionales y luego decide que los aforados – los titulares del “fuero parlamentario” – solo pueden ser juzgados por aquellos Tribunales cuyos componentes han sido nombrados por ellos mismos. ¿No es tanto como decir?: a los nuestros solo los juzgan los nuestros.

Mas adelante dijo: “La justicia es el supuesto para la libertad con dignidad, con prosperidad y con grandeza. Insistamos en la construcción de un orden justo, un orden donde tanto la actividad pública como la privada se hallen bajo la salvaguardia jurisdiccional.”

Dicho esto, las fuerzas políticas del momento gestan un “privilegiado” sistema de cobertura y previsión social exclusivo para “los nuestros”, para esos que solo serán juzgados por “los nuestros”, permitiendo que tan solo con siete años de permanencia en las instituciones se garanticen una pensión vitalicia con la mejor base reguladora posible y ningún partido, ni de la derecha ni de la izquierda, manifestó su más mínimo desacuerdo, antes al contrario lo apoyaron con un silencio mediático que pone en evidencia las más denigrantes vergüenzas ajenas.

Con la entrada de una nueva clase política regeneradora en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid se siguen poniendo en evidencia “privilegios” que la incipiente corona negó treinta y seis años atrás y algo me hace pensar que pronto se van a poner en evidencia en el nuevo Parlamento, en trance de constitución, tras el reciente proceso electoral que se ha hecho coincidir con el aniversario de la muerte del dictador y con el de dos días antes de que D. Juan Carlos I asumiera la Corona del Reino.

¿Qué hacemos con “la memoria histórica viva” y con el discurso del Rey?

Joel Heraklión Silesio.

EL RUBICON DEL EMBELECO

20/08/2011 de JOEL HERAKLION

Se me agolpan las ideas y quieren surgir todas a la vez pero tendré que organizar mis pensamientos y partir de una de ellas, del concepto de “sociedad civil”, que tantas veces utilizamos creyendo que todos hablamos de lo mismo pero sin que ello implique que todos coincidamos en su contenido.

En una sociedad democrática encontraremos siempre una “sociedad política” que, lejos de ser autónoma, se halla inmersa en aquella, recubierta de otras realidades sociales e históricas inseparables del ritmo y cauce por el que transcurra el funcionamiento del propio sistema. Dicho de otra forma, por mucho que queramos y creamos ser libres, los movimientos inerciales de cada individuo o ciudadano tanto dentro de una sociedad democrática, como de una sociedad política, están siempre mediatizados, desviados por la acción de influencias sociales, culturales, económicas, históricas, que interfieren en la inercia de los acontecimientos pretendidamente libres.

Hablamos de una “sociedad civil”, tratando de separarla de la “sociedad política” como si tal sociedad civil fuera algo homogéneo y autónomo pensando que en ella todos los individuos son iguales, mientras que la realidad enseña que cada uno pertenece a otra clase de individualidad heterogénea y esencialmente distinta de las demás. Es decir, la “sociedad civil” es en sí misma un conglomerado de grupos heterogéneos todos cuyos individuos convienen únicamente en “no ser la sociedad política” y suele vivir enfrentada a aquella convirtiéndose en una especie de idea metafísica “considerada como el reino de la paz, enfrentada a la sociedad política interpretada como reino de la guerra”([1]). Obtendríamos así un concepto de sociedad civil definido por pasiva, en sentido negativo, definiéndola por lo que no es, lo que evidencia su condición de conjunto heterogéneo de individuos heterogéneos.

UNA SONRISA INOCENTE

Esa heterogeneidad se manifiesta más patente cuando en una sociedad concreta interfieren culturas procedentes de distintos ámbitos geográficos. Al resultar más patentes las diferencias culturales y étnicas entre los inmigrantes y los nativos parece que estos últimos son más iguales entre sí, simplemente porque se sienten “menos diferentes”.

Es entonces cuando la “sociedad política” comienza a hablar de tolerancia, como estilo de respeto a las diferentes culturas.

He aquí la falacia. En una determinada situación conflictiva de convivencia heterogénea la virtud de la “tolerancia” no es precisamente el resultado de la fraternidad y de la igualdad entre todos los ciudadanos, es en realidad la constatación y reconocimiento implícito de la evidente desigualdad entre ellos.

Es total y simplemente un embeleco que nos ofrecen para acallar nuestras conciencias.

Hay un grado de la tolerancia que consiste precisamente en mantenernos en el mayor alejamiento posible de aquellos a quienes consideramos incompatibles con nuestra “sociedad civil”. Tolerar al otro es intentar no entrar en conflicto recíproco, a veces por propio interés, a veces por menosprecio, cuando no por el presentimiento de que el resultado de la contienda no nos va a ser favorable. Toleramos a aquel a quien consideramos diferente, inferior, capaz quizá de ocasionarme agravio o de atentar a mi integridad física, por ello me mantengo alejado tratando de engrosar con él esa “sociedad civil” para así sentirme suficientemente seguro. Necesito ser tolerante solo con el que “considero diferente”, no así con el que es igual que yo, olvidando que esa pretendida igualdad es tan solo producto de los parámetros establecidos por la “sociedad política” en el ejercicio de sus prerrogativas reguladoras y legislativas, por el reconocimiento de unos derechos y deberes regulados en las normas jurídicas y de convivencia, pero una vez salimos del “semáforo rojo”, ante el cual todos somos iguales, cada uno emprendemos un camino y un destino totalmente individualizado y entonces nos convertimos nuevamente en diferentes, en heterogéneos, pero nos parece que con éstos no sentimos la necesidad de ser “tolerantes” simplemente porque los consideramos “integrados”.

He ahí la diferencia, la falacia a que antes me he referido, y es que la tolerancia está ciertamente muy lejos de la integración, muy lejos del deseo de integrar al diferente e integrarnos con él para conseguir así que todos nos sintamos realmente iguales.

Con esta recíproca voluntad de integración la falaz virtud de la “tolerancia” resultaría innecesaria quizá por una supuesta ausencia de diferencias o quizá porque tales diferencias serían las mismas que nos hacen heterogéneos en nuestra propia y ficticia “sociedad civil”.

Joel Heraklion Silesio

([1]) (Gustavo Bueno, El fundamentalismo democrático, Ed. Planeta Madrid, 2010)

JUEGOS DE VIDA, JUEGOS DE MUERTE

25/12/2010 de JOEL HERAKLION

2266. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte.

(Catecismo de la Iglesia Católica. Tercera Parte, Segunda Sección, Capítulo Segundo, Artículo 5 EL QUINTO MANDAMIENTO. I El respeto de la vida humana…)

I – La pena capital. El debate sobre la pena de muerte desapareció prácticamente de la escena política española tras nuestra transición democrática, empero en los últimos tiempos y de manera lamentable ha comenzado a reflotar en la opinión de no pocos círculos privados, quizá demasiados, aquellos que en otra ocasión denominé como ciudadanos silenciosos. Los atentados terroristas, los violadores reincidentes – recalcitrantes diría yo – y aún los asesinos encapsulados en el eufemismo de “violencia doméstica”, que tiene mucho de violencia y nada de doméstica, o el de “violencia de género”, han venido despertando en gran parte de esa ciudadanía silenciosa la nostalgia de la pena capital.

En las aulas de la Facultad de Derecho de Valencia, todavía en el histórico y vetusto edificio de la calle de la Nave, durante la musicalmente denominada década prodigiosa de los sesenta del pasado siglo, abrió brecha una importante corriente universitaria contra la entonces vigente pena de muerte entre cuyos seguidores me cabe la satisfacción de poder incluirme. El ilustre iusnaturalista D. José Corts Grau – para entonces Rector Magnífico de la Universidad Literaria valenciana – se prodigaba en esfuerzos para justificar aquella pena considerándola como la amputación del órgano enfermo que hace peligrar la vida del paciente u otros argumentos de similar inconsistencia, llegando incluso a aportar fundamentos teológicos o de derecho divino o de defensa de la sociedad contra sus agresores. Resulta curioso que la Iglesia Católica en su doctrina nunca se haya manifestado abolicionista… es verdaderamente curioso.

Pero el afán antifranquista, en ocasiones embadurnado de anticlericalismo, y el rechazo a toda reminiscencia de la dictadura, ha hecho evolucionar el derecho penal español a derroteros que ponen en peligro la salud mental de una gran porción de ciudadanía que – hasta anteayer – había asimilado con encomiable sosiego la abolición de la pena de muerte, de tal suerte que todos nos encontramos con algún vecino, amigo o incluso familiar que, ante situaciones desgarradoras como las de violadores reincidentes, delitos de terrorismo u otros de similar gravedad, nos dice (casi al oído por si acaso): “Esto se acabaría restaurando el garrote vil”.

Y es que estos irreflexivos – pero respetables ciudadanos – que quieren recuperar no tanto la pena de muerte cuanto la tranquilidad de todos, están evidenciando que hoy en España delinquir resulta barato. Por un lado la venialidad de las penas, por otro la inexistencia de una auténtica reinserción en infinidad de casos y la remisión de condena en casi todos, hace que gran parte de la sociedad se indigne por el trato que nuestro sistema judicial aplica a delincuentes que no solo son antisociales sino que, a mayor abundamiento, son peligrosos.

Resulta ineludible y aún imprescindible caminar hacía una auténtica – y todo lo revisable que se quiera – cadena perpetua en la que la única remisión posible esté exclusivamente condicionada a una acreditada reinserción, al estilo de la de D. Eleuterio Sánchez, que tras haber sido condenado a muerte y conmutada su pena a cadena perpetua todavía bajo la dictadura franquista, quedó definitivamente en libertad en 1981. Su nivel de reinserción fue tal que, detenido por última vez en 2006 por la Guardia Civil tras una denuncia de su esposa por malos tratos, los tribunales confirmaron definitivamente su absolución por violencia de género siendo declarada falsa por los jueces la denuncia interpuesta. ¿Acaso es éste un peor avatar que el que se hubiese derivado de la ejecución de la primera condena?

Solo trabajando en esta dirección será posible devolver a toda la sociedad una, hoy descarriada, confianza en la justicia y poder enarbolar de nuevo, con el orgullo de los universitarios de los sesenta, la bandera abolicionista. Ni la preservación del bien común de la sociedad, ni colocar al agresor en el estado de no poder causar perjuicio justifica en modo alguno, ni tan solo en los de “extrema gravedad”, la pena capital. Las sociedades modernas, actuales, son más fuertes que todo eso incluso en el supuesto de nula reinserción. El Estado cuenta con medios suficientes – ciertamente onerosos – para garantizar la protección responsable de la sociedad y el aislamiento del agresor (salvo que lo que realmente se pretenda sea economizar erario público). La lenidad punitiva instaurada en nuestro sistema legal no se sostiene bajo ningún emblema ideológico, ni histórico, ni de lucha antifascista, ni tan siquiera democrático. Cuando los ciudadanos silenciosos se ven desprotegidos y comienzan a considerar los derechos de los condenados como privilegios, se vuelven reaccionarios y, como tales, propenden a restablecer lo abolido.

Llevemos cuidado, ni la vida ni la muerte son un juego. El no a la pena capital debe seguir siendo un objetivo con vocación de universalidad, porque nosotros no somos dueños de la vida de los demás, porque nosotros ni siquiera somos dueños de nuestra propia vida, no disponemos de ella sino todo lo contrario, es la vida, es la esencia vital, “l’elán vitale” la que dispone de cada uno de los seres vivos organizando la biosfera y manteniéndola en homeostasis tal como James Lovelock conjeturó en su original “Teoría de Gaia” para asegurar su propia supervivencia… la de la esencia vital, no la nuestra.